Texto por Emmanuel Farías Camarero

Imagen de Yasu + Junko

La historia de la regulación legal del cannabis en México no es la misma para todas las personas involucradas, por un lado, tenemos a estas grandes empresas como Canopy Growth o Aurora Cannabis, ambas de origen canadiense, las cuales esperan con ansias la aprobación del dictamen mediante el cual México podría convertirse en el tercer país en regular todos los usos del cannabis, desde su producción hasta su comercialización, siguiendo el camino de países como Canadá y Uruguay. Estos gigantes han demostrado su interés en el oasis de marihuana mexicano que se vislumbra en el horizonte, participando activa, aunque sigilosamente en labores de cabildeo dentro del senado, con el objetivo de que sus pretensiones puedan formar parte del texto normativo que dará arranque a esta nueva industria, con un potencial comercial valuado en 2.250 millones de dólares.

Por otro lado, tenemos a ciertas empresas de nacionalidad mexicana pero con capital extranjero estratégicamente difuminado, las cuales durante los últimos días de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, recibieron de manos del entonces Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Julio Sánchez y Tepoz, autorizaciones para la comercialización de productos con cannabis y sus derivados, incluidos diversos cosméticos, suplementos alimenticios, aceites, y otras presentaciones para uso recreativo como las famosas “gomitas”.

Dentro de los afortunados acreedores a estas históricas licencias para la venta de productos con marihuana, se encuentran la empresa Kuida Life México, cuya filial de origen canadiense Khiron Life Sciences Corp tiene en su mesa directiva al ex presidente Vicente Fox, la cadena distribuidora de medicamentos “Farmacias Magistrales”, compañía que en diciembre de 2018 fue adquirida por la productora de cannabis con sede en Edmonton, Canadá “Aurora Cannabis”, así como CBD Science, HempMeds México, y algunas otras que inclusive fueron constituidas días antes de la entrega de los permisos, según datos que pueden solicitarse al Sistema Integral de Gestión Registral de México.

Indiscutiblemente estos grandes inversionistas serán recordados como los pioneros del nacimiento de una gran industria, de la cual pareciera que nadie quiere quedarse fuera, sin embargo ¿quiénes se mantienen en el olvido?  para empezar, las más de dos millones de personas que padecen epilepsia en México, enfermedad que afecta en mayor medida a nuestras y nuestros pequeños-pues el 75 por ciento del total de personas que la padecen, son niños, niñas y menores de 20 años de edad-y que se caracteriza por una disfunción en la actividad neuronal que provoca severas convulsiones, cuya violencia puede llegar al grado de producir asfixia por caída de lengua, y en algunos casos severos provocar la muerte de pacientes cardíacos descompensados, lo que representa un escenario devastador para miles de madres y padres de familia en el país que cuidan de un niño o una niña con esta discapacidad.

A pesar de esta lamentable circunstancia, en el ámbito médico nacional e internacional, se han documentado diversos estudios clínicos que apuntan directamente a que el uso de cannabinoides en el tratamiento de la epilepsia presenta, en la mayoría de los casos, efectos benéficos para la salud de los pacientes, principalmente con respecto al uso de CBD y THC, puros o en combinación, por lo que muchas madres mexicanas que fungen como principales cuidadoras de hijas e hijos con este diagnóstico, no han dudado en refugiarse en este tratamiento experimental, en búsqueda de brindar esperanza y una mejor calidad de vida a sus pequeños.

Uno de estos casos es el de Margarita Garfias, madre mexicana quien, ante la falta de regulación de la marihuana como tratamiento medicinal, decidió emprender su propio cultivo casero de cannabis para mantener a su hijo Carlos Avilés sin convulsiones, pues el menor padece una encefalopatía epiléptica conocida como Síndrome de West. Asistida de la abogada constitucionalista Luisa Conesa, Margarita decidió demandar la omisión de la Secretaria de Salud de armonizar las normas en el uso terapéutico del cannabis, tal y como estaba ordenado en la reforma a la Ley General de Salud publicada hace 3 años.

Para quienes lo desconocen, mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017, México reconoció que la cannabis posee “amplios usos terapéuticos” y como consecuencia de ello, la desincorporó de una lista dentro de la Ley General de Salud que la consideraba como un “problema especialmente grave para la salud pública”; en dicha reforma legal, se obligó a la Secretaria de Salud a diseñar y ejecutar políticas publicas que regulen el uso medicinal de la marihuana, y se estableció un plazo de 180 días para que dicha autoridad sanitaria armonizara los reglamentos y la normatividad para hacer posible el uso medicinal de la cannabis, y con ello garantizar el derecho a la salud de millones de mexicanos, sin embargo, hasta el día de hoy esa reforma continúa siendo una lista de buenas intenciones.

El caso de Carlos y Margarita escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde la Segunda Sala del máximo tribunal del país, en un fallo histórico y sin precedentes, resolvió que la omisión de la Secretaria de Salud de reglamentar el uso terapéutico de la cannabis, violó derechos fundamentales de Carlos Avilés, entre ellos el derecho a la salud, pues al no emitirse las disposiciones que regulen la investigación, producción, comercialización, exportación e importación de cannabis y sus derivados, se impide que el menor pueda acceder dentro de su país al medicamento que le fue recetado para tratar su enfermedad, a pesar de que la Ley General de Salud le reconoce implícitamente ese derecho.

No obstante que la sentencia emitida en agosto de 2019 por la Suprema Corte fue tajante en establecer que, la Secretaria de Salud debía cumplir con su obligación de armonizar la normatividad en el uso terapéutico del cannabis durante el nuevo plazo concedido, actualmente millones de mexicanos se encuentran en el exilio médico, al ser víctimas de un fraude a la ley, pues las autoridades en materia de salud han sido contumaces al no acatar lo ordenado en la resolución judicial, y hacen imposible a los pacientes que han encontrado en el cannabis una herramienta terapéutica, acceder a este tratamiento de una manera segura, eficaz y con garantía de calidad en la sustancia.

Sin lugar a dudas, ante la flagrante injusticia cometida por las autoridades en materia sanitaria, la solución a esta problemática, desde la perspectiva de quien suscribe, subyace en la organización efectiva de la sociedad con la finalidad de continuar ejerciendo su derecho a la salud, y su libertad de elegir el tratamiento que consideren les resulta más adecuado para aliviar sus síntomas, aun cuando ello implique cultivar cannabis para su consumo personal y con fines médicos, pues el goce de los derechos humanos jamás debe estar subordinado a la voluntad del poder político, estos deben ser garantizados inclusive ante la omisión de la autoridad, por ello, la sociedad está permanentemente obligada a manifestarse ante las arbitrariedades cometidas por el Estado, fungiendo como vigilante del bien común.

Sobre el autor: es abogado defensor en materia penal con Maestría en Derechos Humanos y Amparo por el Instituto de Ciencias Penales y Política Criminal de Baja California. Funge como consejero legal de la Fundación Loto Rojo y dirige el colectivo Ciudadanos en Búsqueda de Dignidad. Es alumno de la Generación 2020 del Diplomado en Política de Drogas, Salud y Derechos Humanos del CIDE, Región Centro. Actualmente estudia la Maestría en Derecho Penal en la Universidad Anáhuac, extensión Tijuana.